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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido una sentencia fechada el pasado uno de marzo en la que asegura con rotundidad que IU usó la empresa municipal Sevilla Global como «oficina de colocación de los afines», pues despidió a empleados que no siguieron las «consignas políticas» de Antonio Rodrigo Torrijos y Carlos Vázquez —exprimer teniente de alcalde y delegado de Economía y Empleo, respectivamente— alegando problemas económicos y en su lugar recolocó a miembros del partido. El Tribunal Superior andaluz, de cuya Fiscalía emanó la denuncia penal por un presunto delito contra la integridad moral de las personas tras amenazar con estos despidos en una grabación que desveló ABC, considera que los hechos «son bien simples: a los actores se les despide al no acatar una consigna política, laboralmente ilegítima e ilícita, y así poder ser sustituidos por personas políticamente afines, para que las cumplan, suponemos que en “obediencia debida” como una empresa municipal, oficina de colocación de los afines».
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La pena es que ni con todos estos escándalos diarios de corrupción en Andalucía va a haber cambio alguno, mi impresión es que la corrupción allí es algo normal, aceptado y tolerado
(ojalá me equivoque)
