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El movimiento antipeajes, que alienta a los catalanes a pasar sin pagar por las autopistas de esta comunidad, ha encendido todas las alertas del Gobierno de Artur Mas. Impulsado por partidos independentistas y colectivos que concentran el descontento social en muchos ámbitos, el movimiento ha convocado para este mediodía, a través de las redes sociales, una acción en una docena de estaciones de peaje consistente en pasar sin pagar como protesta por la escasez de vías gratuitas en Cataluña.
La protesta, que coincide con la operación retorno del puente del Primero de Mayo, nació contra la política de infraestructuras del Gobierno central e inicialmente contó con la aquiescencia de la Generalitat. Sin embargo, el malestar de las empresas concesionarias, controladas mayoritariamente por el grupo Abertis, ha obligado al Gobierno de Artur Mas a hacer una complicada pirueta política en los últimos dos días, consistente en amenazar con multas de 100 euros a quien se salte el peaje al tiempo que mantiene una actitud de “proximidad” a la protesta.
Ayer mismo el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, insistió en que comprende las razones de quienes quieren saltarse el peaje, pero insistió en que los Gobiernos deben hacer cumplir la legalidad. El Ejecutivo de Artur Mas está entre dos fuegos. Por una parte, siempre ha avivado las reivindicaciones sobre las infraestructuras catalanas; pero, por otra, tanto el Gobierno como CiU mantienen excelentes relaciones con el grupo Abertis. De hecho, el presidente de la concesionaria, Salvador Alemany, es el presidente del grupo que asesora al presidente Mas en asuntos de política económica. Alemany también fue distinguido el año pasado con la Creu de Sant Jordi.
La amenaza sancionadora del Gobierno catalán estrenada el pasado sábado por la noche, según la cual denunciará a todos los conductores que se han negado a pagar el peaje, intenta diluir el seguimiento de la protesta, que Abertis cuantifica hasta ahora en unos cien conductores diarios. De hecho, la posibilidad de aplicar multas choca con la tesis en la que se han apoyado los antipeajes, que ha defendido que ninguna norma establece la sanción por saltarse un peaje, para conseguir un mayor seguimiento de la acción reivindicativa. Abertis mantiene que denunciará ante el Servició Catalán de Tráfico a todos los conductores que se han negado a pagar el peaje para recuperar lo impagado y que se les sancione con una multa.
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Suena paradójico que esta medida esté apoyada por ERC, la cual cuando estuvo en el gobierno tripartito, no hizo nada por quitar los peajes. Vaya casta política que tenemos también por estos lares.
