Algunos grandes PPayuntamientos prosiguen con la "liquidación" de los programas sociales heredados de administraciones anteriores; son un perfecto ejemplo de lo que nos queda por ver, sentir y sufrir...
Ejemplo: el PPayuntamiento de Sevilla DERROGA el Plan de Vivienda Social y Protegida y paraliza las actividades de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (EMVISESA):
El PP deroga el Plan de la Vivienda
Carlos Mármol | 16 de noviembre de 2011 a las 6:10
El gobierno local “liquida” el programa de vivienda pública heredado de la era Monteseirín sin sustituirlo por ningún proyecto alternativo. El sector privado no encuentra crédito. Doce mil sevillanos esperan una VPO.
La decisión, que probablemente provocará una intensa polémica política, mucho más al producirse en plena campaña electoral, guarda un raro parecido con el protocolo adoptado con el Plan Centro: una derogación sin alternativa. Una eliminación sin sustitución. Si hace unos meses el nuevo alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), abordó con esta singular estrategia su promesa de dejar sin efecto la ordenanza que impedía al tráfico privado acceder al corazón de la ciudad, ayer su gobierno decidió “liquidar” unilateralmente la política de vivienda pública heredada de los sucesivos ejecutivos presididos por el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, los dos últimos gracias al apoyo político de la coalición IU.
La dirección de Emvisesa, la empresa municipal de la vivienda, elevó ayer al consejo de administración de esta entidad un informe en el que –literalmente– se afirma que el actual gobierno “está trabajando para liquidar el anterior Plan Municipal”. Una medida que supone dejar sin validez la única previsión de construcción de VPO que existe en Sevilla, una de las escasas capitales andaluzas que hasta ahora había logrado –de forma insuficiente, pero con cierto sentido– algún tipo de tímido avance en el campo de las políticas públicas residenciales.
Los motivos que alega el PP para dar este giro en la política de VPO –uno de los principales factores de cohesión social– es que el anterior programa municipal de vivienda, elaborado por PSOE e IU, ha tenido un escaso grado de ejecución. Y añaden:la situación económica ha cambiado mucho desde su diseño. En consecuencia, entiende el gobierno municipal, hay que dejar sin efecto este documento –concertado en su momento con la Junta de Andalucía y el Estado– y plantearse la elaboración de un nuevo Plan de Vivienda “ajustado a la realidad del suelo y a la coyuntura de crisis económica, además de tener en cuenta las dificultades de las familias para acceder al crédito financiero”.
Parece lógico. No lo es tanto. El ejecutivo que preside Zoido deroga el marco existente pero no da fecha, ni plazos, ni siquiera esboza los criterios técnicos a partir de los cuales se elaborará –si se hace– este documento. La alternativa del PP en favor de la VPO queda así en el aire, ya que cualquier programa de este tipo, además de suelo urbanizado, necesita un marco financiero –público o privado– real.
Algo bastante difícil de conseguir por la crítica coyuntura económica y el contexto político (elecciones autonómicas en primavera). En todo caso, ninguno de estos dos factores han hecho que el PP, siquiera por prudencia, mantenga el plan acordado con la Junta y el Estado hasta al menos poder contar con una alternativa sólida. La derogación se presentó ayer a los consejeros de Emvisesa como un hecho consumado. PSOE e IU expresaron ayer su sorpresa y se opusieron a la medida.
Para entender las consecuencias prácticas de la decisión adoptada por el gobierno local antes habría que aclarar algunos datos sobre la política de vivienda. El Plan de VPO de Sevilla, aprobado en julio de 2009, forma parte del pacto andaluz por la vivienda negociado con la Junta. El documento que ahora ha liquidado el PP contempla la construcción de 19.000 viviendas con algún régimen de protección. Estos pisos, que se ubican en los terrenos calificados como residenciales por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), permiten cubrir de forma holgada la demanda de los ciudadanos que, debido a sus ingresos, no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre.
El Plan se sustentaba en dos pilares: la iniciativa privada y la promoción pública. El primer dependía de los promotores particulares, que gestionaban las ayudas y buscaban financiación. El segundo, en cambio, lo llevaba directamente el Ayuntamiento, que es el principal propietario de suelo. Emvisesa, el instrumento del Consistorio para ejecutar todas estas políticas, tenía encomendado hacer hasta un total de 6.753 viviendas. Fundamentalmente promociones residenciales destinadas a rentas medias y bajas.
El papel del Ayuntamiento para regular el mercado de la vivienda es clave. Primero porque dispone de la materia prima –el suelo que recibía Emvisesa para sus promociones era cedido por la Gerencia de Urbanismo sin coste alguno– y después porque, en un contexto de grandes dificultades de financiación, justo como las actuales, una administración pública siempre puede suplir a la iniciativa privada para lograr este dinero.
De hecho, en el momento económico por el que pasamos –con los promotores privados sin acceso al crédito y las ayudas estatales y autonómicas de vivienda recortadas–, la única opción para construir VPO en Sevilla, salvo iniciativas excepcionales, es la administración local. De ahí la importancia de dar un impulso al programa municipal existente. El PP, en cambio, ha decidido dejarlo morir. Quizás porque tiene en mente desde hace tiempo dejar esta cuestión exclusivamente en manos de los promotores privados, que en su día calificaron el papel social de Emvisesa como “competencia desleal”.
Es cierto que el Plan Municipal de Vivienda no ha cumplido todos sus objetivos. Según los datos oficiales –que ya se conocían desde el pasado verano– el grado de ejecución es de un 15%. Discreto si se comparan con las cifras oficiales, pero notable en relación al resto de Andalucía, donde el panorama general es bastante peor. El anterior gobierno municipal había empezado más de 1.000 viviendas: promociones situadas en las antiguas cocheras de Tussam (El Porvenir), el Polígono Aeropuerto, el Campo de los Mártires, la calle General Alarcón de la Lastra esquina con la avenida de Andalucía, la zona de Albérchigo, Torrelaguna (Torreblanca), la calle Flor de Papel y la barriada de Regiones Devastadas, ahora bautizada como Nuevo Amate.
La gestión del anterior director gerente, Juan Carlos de León, que fue destituido nada más llegar el PP a la Alcaldía, no pudo alcanzar sus propios objetivos por dos motivos: el tiempo de maduración de cualquier proyecto inmobiliario es muy elevado –entre 5 y 8 años– y, sobre todo, el desarrollo urbanístico de los terrenos en los que tenían que ubicarse todas estas las viviendas no ha sido el esperado. Una responsabilidad tanto de los propietarios de los suelos como del Ayuntamiento. La única vía para solucionar este problema consistía en desatascar el Plan General, algo que depende de Urbanismo, que además es titular de los terrenos públicos de las VPO de Emvisesa.
En lugar de una derogación, habría bastado con un plan serio de gestión. El PP ha decidido volver a empezar la casa desde el origen. Sin fechas. Sin plazos. Y en un escenario económico terrible donde conseguir un crédito inmobiliario –tanto para los promotores como para las familias– resulta casi imposible. Doce mil sevillanos tendrán que seguir esperando una vivienda pública.
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