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Ocurrió en el municipio de Illa de Arousa, en Galicia
Fue condenado por detención ilegal, atentado y lesiones
La acusaba de haber perdido la venta de un piso
El BOE de hoy recoge el indulto de Juan Manuel Chaves Daporta, un constructor que, en 2010, encerró en su despacho, agredió y amenazó de muerte a la arquitecta municipal del municipio de A Illa de Arousa, en Galicia.
La sentencia, de febrero de 2012, le condenó por un delito de detención ilegal (tres años de cárcel), otro de atentado (un año más) y una falta de lesiones (180 euros de multa). El Consejo de Ministros decidió el pasado viernes conmutar la pena de tres años de prisión por detención ilegal por otra de un año y 1.460 euros de multa. Así, al no alcanzar los dos años en total, el juez podría declarar que no es necesario su ingreso en prisión.
El 22 marzo de 2010, Chaves Daporta irrumpió en el despacho de la arquitecta municipal, cerró la puerta con llave y “con ánimo de desprestigiar el principio de autoridad y de menoscabar su integridad física, la levantó, la zarandeó, la empujó contra el mobiliario allí existente y le dio un golpe en la parte de atrás del hombro, al tiempo que le decía que la iba a matar a ella y a su hija, que era una hij*dep*t* y que si no estuviera cerrada la ventana, la tiraba por ella”. Tras media hora de agresiones y amenazas, un representante de la policía local intentó frenar al constructor. Sin éxito. Una hora después, cuando llegó al lugar la Guardia Civil, abrió la puerta del despacho, como narra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que rechazó el recurso de apelación de Chaves Daporta.
Según argumentó el propio constructor durante el juicio, la causa de su agresión fue la venta frustrada de un piso. Así, narró (según su versión) que la arquitecta había advertido a los compradores sobre la infracción que pesaba sobre el piso y les aconsejó que mejor compraran otro. Así, pidió en su recurso que se le aplicaran atenuantes de arrebato y obcecación, algo que la Audiencia de Pontevedra rechazó porque el asalto al despacho de la arquitecta fue horas después de que se cancelara la venta y su reacción no es proporcional con ese hecho. Así, la sentencia considera que lo único que hizo la arquitecta fue “informar a un particular, en el ejercicio de su función, sobre la situación regular o irregular de un inmueble desde el punto de vista administrativo”.
Tampoco acepta incluir el delito de detención ilegal en el de atentado ni admitir que cerró la puerta “por miedo”, puesto que, entre otras razones, recuerda que durante la hora que duró el encierro, había agentes de la policía local en el exterior, a los que el constructor ignoró.
Tras la denuncia de los hechos, el constructor se defendió atacando: acusó al ayuntamiento de defender a “promotores afines”.
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Esta es la clase de "regeneración democrática" que aplica el PP en forma de plena inmunidad hacia los suyos, que están ante el politizado sistema judicial por encima del resto de la sociedad, y para esta última: la Ley Mordaza.
