JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ | VALENCIA El Servicio Estatal Público de Empleo (el antiguo INEM) está realizando desde principios de esta año miles de acciones de control sobre los 71.692 beneficiarios que cobran prestaciones, subsidios o rentas activas de inserción en la provincia de Valencia. Son las nuevas órdenes que ha impuesto el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de Fátima Báñez para vigilar posibles fraudes o irregularidades entre los perceptores de dinero público. Y todo ello «para pillar a algunos parados que reciben cuantían mínimas y que se encuentran en riesgo de exclusión social», lamentan algunos funcionarios de este organismo estatal.
«Me he negado a retirar un subsidio de 21 meses de duración por una cuantía de 62 euros al mes, a un hombre que tiene mujer e hijos y que está trabajando 'en negro' porque al empresario no le da la gana hacerle contrato y acepta ese trabajo para que su esposa e hijos puedan comer. O para poder pagar el alquiler o hipoteca de su vivienda. ¿Es un fraude?». Así se lamentaba un funcionario valenciano de una oficina de Empleo, del área de prestaciones, al evaluar los resultados del plan de colaboración del SEPE con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El Gobierno está apretando las tuercas a los empleados públicos para que cumplen objetivos del programa contra posibles fraudes laborales. Para ello elabora un «ranking» periódico de productividad entre las diferentes administraciones provinciales de España. Valencia figura en posiciones de liderazgo en ese «plan de caza al parado». De este modo lo denomina el personal de este organismo estatal, quien debe cumplir a rajatabla estrategias de mejora de objetivos de control y comprobación de la situación de los parados.
Entre otras acciones, los funcionarios realizan análisis exhaustivos de los listados de parados una vez por semana; en especial el de bajas de empleo. Por otro lado, aplican controles presenciales, lo que supone llamar a algunos desempleados entre algunos colectivos «más propicios a perder los requisitos de acceso a las prestaciones. En ese grupo figuran los que salen al extranjero, desocupados de larga duración o los que aseguran tener responsabilidades familiares.
La dirección del SEPE reconoce como posibles causas de baja definitiva del cobro de la prestación o subsidio del desempleo la no comparecencia tras la cita previa, el incumplimiento del compromiso de una oferta de trabajo, la no renovación de la demanda, no devolver el justificante de comparencia a una oferte de empleo, así como la negativa a trabajos de colaboración social. En los primeros cinco meses de 2014, según constata la estadística elaborada por este organismo dependiente del Ministerio de Empleo, la provincia de Valencia es la que más informes ha remitido a la Inspección de Trabajo en el período acumulado enero-mayo.
Además, llama la atención que entre las 52 circunscripciones españolas ha habido 13 que no han presentado informe alguno a los inspectores, lo que demuestra la poca participación o colaboración. Entre aquella decena de provincias destacan las cuatro de Cataluña. Las sedes del SEPE de Valencia se han tomado muy en serio y se sitúan entre las más productivas porque «todos» los profesionales de las sucursales (auxiliares y ayudantes, técnicos, jefes de áreas de prestaciones y directores de oficina) se dedican a controlar a los desempleados, aunque sus funciones sean otras, según algunos funcionarios. De hecho, parte de los profesionales de las oficinas de Empleo tienen como misión atender al público, dar información, tramitar diferentes solicitudes o realizar tareas de archivo.
fte: Debes estar logueado para poder ver los enlaces.
suma y sigue.....
[CLUB] A la caza del parado irregular
1.276 2
Volver a Política