El nuevo Estatut elimina la facultad inspectora del Estado en las escuelas

El nuevo Estatut elimina la facultad inspectora del Estado en las escuelas.

El Estatut dejará al Estado sin capacidad para inspeccionar el sistema educativo catalán. La letra pequeña otorga a la Generalitat facultades para condicionar toda la política de inmigración a nivel nacional.

Madrid.- La atención mediática y política sobre el Estatuto catalán ha acabado concentrada en una batería de grandes cuestiones -soberanía, financiación, blindaje de competencias, bilateralidad- detrás de la que hay un sinfín de consecuencias prácticas en el día a día no sólo de los catalanes, sino de todos los españoles. El PP está dedicado de lleno a estudiar la letra pequeña del acuerdo entre José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas para estar preparado ante el debate en el Congreso y, de momento, encima de la mesa ya hay conclusiones bastante relevantes sobre los efectos de la reforma catalana en el núcleo duro de las grandes políticas del Estado.

Exclusividad en educación. Por ejemplo, el ruido alrededor de la inclusión de la cláusula sobre el «deber de conocer el catalán» -que la minoría catalana ya intentó «colar» en 1978 mediante una enmienda al artículo 3 de la Constitución, que fue rechazada por 269 votos en contra- está ocultando otras consecuencias derivadas del alcance del artículo 131, que regula la educación como competencia exclusiva de la Generalitat. En el apartado 2.c, Zapatero ha dado luz verde a que la «inspección y la evaluación del sistema educativo, la innovación y la investigación» estén sólo bajo la órbita de la Generalitat, lo que en la práctica supone dejar al Estado sin margen de maniobra para garantizar la función vertebradora del sistema educativo en todas las comunidades. El Estado no podrá velar tampoco por la calidad de la educación en Cataluña, ni guardar el cumplimiento de aquellos requisitos generales que marca la ley a nivel nacional, lo que, cuando menos, proyecta una alargada sombra sobre cuestiones delicadas como el tronco de las materias comunes.

Pero éste no es el único punto negro en materia de enseñanza que ha pasado desapercibido. Un análisis comparativo al detalle entre la Ley de Política Lingüística de 1998 y el actual texto, ratificado por el presidente del Gobierno en su reunión con Mas, evidencia estentóreas vueltas de tuerca para hacer desaparecer lo que hasta ahora han sido derechos sistemáticamente incumplidos, como el de los padres para que sus hijos reciban la primera enseñanza en castellano -que es eliminado como tal del listado de derechos lingüísticos, así como también se diluye el que garantiza que aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al sistema educativo reciban apoyo específico en catalán (el Estatut deja margen para la inmersión de un niño de diez años procedente de otra comunidad en clases con todas las asignaturas en catalán, con sólo algún refuerzo en la lengua que desconoce). Por otra parte, el acuerdo en La Moncloa de Zapatero con Mas también otorga a la Generalitat competencia para intervenir con el Estado en las grandes políticas, como la energética, la hídrica y los trasvases, la económica....

De especial relevancia es el reconocimiento de la inmigración como competencia exclusiva (artículo 138) y, en concreto, el apartado 2.a, que deja en manos del Gobierno catalán la «tramitación y resolución de los permisos y de las autorizaciones de trabajo» -exige transferencia vía artículo 150.2 de la Constitución por afectar al núcleo duro de la política de inmigración.

Con la venia de Cataluña. En la práctica, esto supondrá conceder a la Generalitat capacidad para condicionar toda la política de inmigración a nivel nacional, ya que a la hora de dar luz verde a un visado se tendrá que tener en cuenta el informe de la autoridad laboral que aprueba el permiso de trabajo: hasta ahora, el Estado; y con el Estatut, el Estado y la propia Generalitat. La cuota de inmigrantes de Cataluña la fijará la Generalitat -actualmente es el Ministerio de Trabajo el que analiza el conjunto de las necesidades, escuchadas a las autonomías-, e incluso el Estado tendrá que ponerse de acuerdo con ella para hacer una regulación extraordinaria. Además de la complejidad burocrática, este punto supone una ruptura del mercado laboral de los inmigrantes porque las decisiones de la Generalitat acabarán afectando a todas las comunidades: puede decidir no dar permisos de trabajo a determinados colectivos; con los permisos de residencia concedidos por la Generalitat, los inmigrantes podrán luego moverse por toda España; y si la cuantificación no se hace de manera razonable, los que se queden sin trabajo pasarán a engrosar las listas del INEM y a cobrar el paro a cargo del sistema nacional de asistencia.

La viabilidad de la red nacional de aeropuertos también puede ser una víctima colateral del Estatut. La gestión ha sido siempre de titularidad del Estado, quien se encarga de compensar los aeródromos rentables (hay comunidades que tienen cero) y los no rentables. La Generalitat se hace con la titularidad de El Prat, uno de los que contribuyen a mantener la caja común.

LA RAZON - Domingo 5 de febrero de 2006.

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Si es que conforme van saliendo más cosas de lo que ha pactado el pelele de ZP con los nacionalistas catalanes, nos damos cuenta de que nos ha vendido. Ahora bien, esto refuerza lo que muchos mantenemos, de que este estatuto nos incumbe a todos los españoles, como se puede observar y que ya creo que nadie podrá negar sin caer en el más absoluto ridículo.