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La marea blanca vuelve este domingo a su cauce en las calles de la capital y lo hace decidida ahora a hablarle al consejero de Sanidad madrileño en su mismo idioma. Si en el discurso de Javier Fernández-Lasquetty no existe la privatización, sino la adopción de “fórmulas más eficientes que consuman menos recursos públicos", los profesionales sanitarios tienen algo que replicarle: las camas privatizadas de los hospitales de Madrid resultan más caras que las públicas.
Es lo que demuestra el informe publicado esta semana por el sindicato CSIT Unión Profesional, el mayoritario entre los funcionarios, que analiza los presupuestos de la comunidad para 2012 y concluye que costear una cama en los hospitales enteramente públicos le sale al contribuyente por 955 euros diarios, un 74% más barato que los 1.660 que cuesta mantenerla en los hospitales donde la gestión sanitaria está privatizada.
Basta con contrastar los presupuestos de uno y otro modelo. La Administración asigna a los hospitales de servicios sanitarios privatizados –el Infanta Elena de Valdemoro, el de Torrejón de Ardoz, el Nuevo Móstoles y la Fundación Jiménez Díaz– una cantidad de 553.820.728 euros anuales para mantener 914 camas funcionantes y atender a una población de 820.000 personas. Los hospitales públicos tradicionales de la región, por el contrario, reciben un volumen de 2.792.531.561 euros anuales para atender las necesidades de salud de 4.201.169 personas y una oferta de 8.010 camas funcionantes. Es decir; cada plaza hospitalaria le cuesta a la Comunidad 665 euros diarios más si su gestión está en manos privadas. Al año paga 256.000 euros extra por cada una de ellas.
La elaboración de este análisis "de coste y eficiencia", en palabras del portavoz del Gabinete de Estudios de CSIT y responsable de la coordinación del informe, Juan Luis Martín, persigue un fin sencillo: "Comprobar si la sanidad privada es más barata para el contribuyente, como repite el Gobierno a falta de estudios previos que avalen su decisión de privatizar". Y las cifras globales, asegura, hablan por sí mismas. "Con los mismos recursos, la sanidad pública madrileña rinde más que la privada".
Incluso en el recuento paciente a paciente. La atención a un ciudadano en un hospital de gestión sanitaria privada –que acuda a consulta o a un tratamiento, sin que necesariamente resulte ingresado– le cuesta a la Administración 675 euros anuales. En los hospitales de gestión pública ese mismo promedio es de 664 euros. Cada año, la Comunidad paga 11 euros extra por cada paciente asignado a un hospital privatizado.
Esa diferencia, sostiene el sindicato, corresponde al margen de beneficio de la empresa que lo gestiona. CSIT-UP estima que "el 20% de los impuestos, uno de cada 5 euros, destinados a financiar la sanidad irán a beneficio de las empresas privadas gestoras". En un modelo de gestión pública, recuerdan, "el 100% de los impuestos recae en la financiación del sistema".
Cobrar por vecino, no por paciente
Las plataformas antiprivatización no solo critican la cantidad de dinero, sino el modo de financiación. Estos hospitales públicos madrileños donde lo sanitario está en manos privadas –bajo el modelo PPP, o public-private partnership, por sus siglas en inglés– reciben de la Administración una cantidad fija o canon que depende no del número de pacientes que atiendan, sino del número de vecinos que tengan asignados. Si esos vecinos no hacen uso del hospital, las empresas cobran igual.
Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad –CAS–, pone el ejemplo de Torrejón de Ardoz, donde la Consejería de Sanidad establece el pago de una cantidad de 571,50 euros por paciente potencial, unos 133.000 en su área de referencia. Las empresas adjudicatarias –un consorcio de Ribera Salud, Asisa y FCC– reciben 428,35 euros asignados a la asistencia sanitaria y otros 143,15 euros anuales por la prestación de servicios no sanitarios, como la administración o la limpieza.
En total, Madrid paga al hospital 76,1 millones de euros anuales con independencia de la cantidad de pacientes que atienda. "Da igual que los vecinos vayan o no al hospital, sea por propia decisión o porque el centro carezca de la unidad específica para tratarlos", explica Gómez. "Da igual que muchos pacientes de la zona, como de hecho ocurre, prefieran ir a los grandes centros públicos de la capital y no utilicen el hospital de su localidad. La empresa que lo gestiona se lleva el dinero público igual".
Inversión rentabilizada
Según CAS Madrid, el lucro no acaba en estos hospitales totalmente privatizados, sino que se extiende a los del modelo mixto –Henares, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Majadahonda, Tajo y Sureste–. En los últimos cinco años, la Administración ha pagado más de 990 millones de euros a las empresas concesionarias de estos hospitales donde las camas son públicas y sus médicos y enfermeras, funcionarios.
Estos centros funcionan bajo el modelo PFI –private finance iniciative–. La sanidad depende directamente de lo público, pero los servicios no sanitarios –administración, seguridad, limpieza, logística...– están concedidos a compañías privadas. También fueron empresas privadas, como Dragados, FCC, Acciona, Sacyr, Begar-Ploder, Hispánica y CVC Capital Partners, quienes construyeron sus inmuebles. Así, este conjunto de empresas reciben un canon público por la prestación de servicios no asistenciales y para la amortización de la inversión en construcción.
"La construcción y equipamiento básicos de estos hospitales costaron alrededor de 840 millones de euros", advierte Gómez. "Según nuestros cálculos, en 2011 el conjunto del sector había recuperado el 92% de esta cantidad y al término de 2012 ya habrán rentabilizado su inversión".
Gómez no duda de la calidad del negocio. "Los contratos vencen en treinta años y pueden prorrogarse otros treinta más", explica. "Es una inversión inmejorable para los accionistas y un negocio nefasto para los contribuyentes".
Ni más baratos ni más rentables
Los sindicatos no son los únicos en remitirse a estas cifras. La Plataforma de Jefes de Servicio de los Hospitales Públicos madrileños –que representa a casi 600 médicos de más de 20 centros sanitarios de la región– dirigía esta semana una carta abierta a la ciudadanía ciñéndose al mismo argumento. No es cierto, aseguran, "que la sanidad privada sea más barata que la pública".
Aprovechando el punto y seguido en los paros y huelgas de esta semana –convocadas de nuevo para el 19 y 20 de diciembre–, los responsables médicos de la región advierten de que en los países en que coexisten los modelos público y privado, "el gasto sanitario por habitante y año es mucho más alto, y la aportación de gasto público para ello también".
En el caso madrileño, además, denuncian que "la aportación económica que la Comunidad pretende pagar a los nuevos dueños es superior al coste actual". En otras palabras; las empresas adjudicatarias de los servicios "van a tener beneficio con el dinero de nuestros impuestos".
Cada cama 'privatizada' le cuesta a Madrid 665 euros más que una pública
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...Y que esa derivación tiene su origen en los mismos médicos de la seguridad social que envían a los pacientes a las clínicas privadas donde trabajan por las tardes, y donde un simple análisis de sangre cuesta un dineral. "Pero no problem, si no puedes pagar el Tac te derivamos de nuevo a la seguridad social y mañana te lo hago yo con cargo a la comunidad".
No te acerques a una cabra por delante, a un caballo por detrás y a un tonto por ningún lado.
155, AL FIN.
Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo
Vapeando desde el 26/09/2013
155, AL FIN.
Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo
Vapeando desde el 26/09/2013
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Las triquiñuelas internas deberian ser investigadas por cada comunidad donde se realicen pero lo que esta claro es que cuando alguien opta a un concurso público no lo ahce por amor al arte sino por lucro personal y no lleva a ningún ahorro en la comunidad sino a una perdida de recursos, como ha quedado claro en las autopistas que han tenido que ser restacadas porque no recaudaban "suficiente" o en la sanidad catalana/valenciana
Adios a las promo y a los engaños
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¿Fuente?
Yo digo justamente lo contrario, los hospitales privados derivan a los públicos cuando no tienen suficiente instrumental/formación/servicio
quote:FALSO.
Originalmente escrito por caviar2011
Lo que no dicen los "batas blancas" es que los hospitales públicos derivan más del triple de pacientes que los de gestión privada y en las cuentas que publican omiten el coste de la derivación a clinicas privadas de esos enfermos.
¿Fuente?
Yo digo justamente lo contrario, los hospitales privados derivan a los públicos cuando no tienen suficiente instrumental/formación/servicio
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En efecto, pacientnes crónicos y de tratamientos costosos a los hospitales públicos.
Sin embargo las pruebas sencillas y "rentables" se derivan a hospitales privados para que tengan ganancias.
quote:
Originalmente escrito por abladen
FALSO.
¿Fuente?
Yo digo justamente lo contrario, los hospitales privados derivan a los públicos cuando no tienen suficiente instrumental/formación/servicio
En efecto, pacientnes crónicos y de tratamientos costosos a los hospitales públicos.
Sin embargo las pruebas sencillas y "rentables" se derivan a hospitales privados para que tengan ganancias.
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Hospitales privados? ni jarto vino, solo te dan mas que problemas, cierta persona a la cual conozco tuvo un trombo, la llevaron a un hospital de la muface, que era su compañía, necesitaban un aparato especifico para su caso y después de horas de llamadas la enviaron al hospital publico de enfrente porque en ningún hospital privado tenían ese aparato, nos ofrecieron una ambulancia para el transporte que venia incluido en el seguro, la tuvimos que coger pese a que queríamos ir andando puesto que se encontraba en la acera de enfrente...pues bien, en el hospital publico de maravilla con el aparato que necesitaba todo correcto, pues acabamos ya y de pronto envían una factura a esta persona de 3000 euros por la ambulancia, a día de hoy estamos con el juicio casi ganado pero el susto que se llevo esta persona de avanzada edad no tiene nombre, y no es la única que vez que se la han jugado, en los privados solo hay matasanos que se dejan llevar por la codicia.
Apresúrate; el que hoy no está dispuesto, menos lo estará mañana
Non scholae, sed vitae discere
Guasa contra pikados
Ἓν οἶδα ὅτι ουδὲν οἶδα(En oida udén oida)
La sabiduria es poder
La pregunta no es que nos espera sino que debemos esperar porque la vida está para vivirla no para ignorarla.
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Guasa contra pikados
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La sabiduria es poder
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Los hospitales valencianos de gestión privada exigen más dinero
La profunda debilidad financiera por la que atraviesa la Generalitat valenciana está poniendo en aprietos el modelo de gestión privada de la sanidad pública en la autonomía que primero y más decididamente apostó por esta fórmula.
El Gobierno regional arrastra importantes deudas desde el año 2009 con las empresas que gestionan los cinco departamentos de salud privatizados (Alzira, Torrevieja, Dénia, Elche y Manises). El monto principal de los impagos, que asciende a 150 millones de euros, corresponde a pacientes atendidos de otros departamentos, que dependen directamente de la sanidad pública, por lo que corresponde a la Generalitat pagar estos tratamientos. Son liquidaciones acordadas y pendientes de pago desde 2009. Las cinco concesionarias, de las que depende la atención sanitaria pública de un millón de valencianos, se han cansado de esperar y exigen a la Generalitat que liquide cuanto antes lo que les debe.
Estas empresas —participadas por aseguradoras sanitarias y Ribera Salud— también reclaman que la Generalitat les modifique al alza la fórmula de actualización anual de la póliza (639 euros en 2012) que la Generalitat paga por cada habitante adscrito a cada concesionaria (entre 150.000 y 250.000 ciudadanos en función del departamento de salud). Esta es una reclamación que viene de largo. En lugar de usar como referencia el incremento del presupuesto en asistencia sanitaria de la Consejería de Sanidad, las empresas quieren que el aumento de la cápita se vincule al crecimiento del gasto real, que es superior.
Además, también plantean otras cuestiones, como que sea la Generalitat la que asuma los gastos financieros del confirming, un sistema de pago por el que, para paliar los retrasos del Gobierno valenciano, las entidades bancarias adelantan los abonos a las operadoras sanitarias a cambio de cobrar por esta operación. Las concesionarias consideran que no son ellas, sino la Generalitat quien ha de correr con estos gastos, que rondan, en total, un millón de euros al año.
Todo ello sucede mientras Castilla-La Mancha pretende extender este modelo privatizador valenciano a cuatro hospitales y Madrid aprobó ayer la ley que permite ceder a empresas la gestión de centros sanitarios públicos, lo que ha desatado una movilización sin precedentes contra la privatización de la sanidad.
No es ningún secreto que las cuentas de la Administración valenciana están al límite. La situación es especialmente delicada en la Consejería de Sanidad, que recientemente hizo frente a un cierre indefinido de farmacéuticos que reclamaban deudas por 450 millones. Una portavoz de este departamento prefiere no entrar en el detalle de la suma de los impagos. Pero admite que la deuda con las empresas existe y “es fruto de la situación financiera actual”. En breve, añade, está previsto que se celebre un encuentro con las cinco operadoras sanitarias “para analizar la situación e intentar llegar a algún acuerdo”.
Al menos una de las concesionarias, la que gestiona el departamento de salud y el hospital de Manises, ha llevado sus quejas más lejos de la mera protesta. Ya lo hizo cuando en julio y agosto no abonó a sus trabajadores el salario íntegro con la excusa de que la Generalitat se había retrasado en el pago. Ahora, en un documento que ha remitido recientemente a la Consejería de Sanidad, ha plasmado al detalle lo que considera incumplimientos de los compromisos asumidos por la Generalitat en el contrato de concesión. En total, la deuda que imputa a la Administración valenciana es de 75,9 millones de euros de los los ejercicios de 2009, 2010 y 2011.
Pero la operadora sanitaria —controlada por Sanitas—, va aún más lejos. En el mismo escrito plantea que o se solventan las deudas y se cumplen las condiciones del contrato, o se renegocien de nuevo. Y propone distintas alternativas como la prórroga dél servicio, la ampliación de la población cubierta (y por ello los ingresos de la Administración) o la incorporación de prestaciones excluidas de la concesión como la oxigenoterapia o las prótesis.
Aunque estas condiciones se parecen mucho a un rescate, Sanitas niega que esté solicitando una solución de este tipo a la Generalitat. La aseguradora sanitaria explica que la Ley de Contratos del Sector Público garantiza el mantenimiento del equilibrio financiero en este tipo de concesiones administrativas que afectan a servicios públicos. Y entiende que la Generalitat ha alterado unilateralmente y “de manera reiterada” las condiciones del contrato, lo que “legitima a esta concesionaria a ejercitar el derecho al reequilibrio económico del contrato concesional”.
Riesgos de un modelo
La gestión privada de los servicios públicos sanitarios presenta distintas debilidades. Una de ellas la puso de manifiesto recientamente la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Consiste en el riesgo de captura del regulador, un fenómeno que describe la excesiva influencia que pueden llegar a alcanzar las empresas adjudicatarias de los servicios sobre la Administración encargada de supervisar su funcionamiento.
A ello se han referido también expertos en procesos de privatización sanitarios, como la británica Sally Ruane, quien en alguna ocasión ha planteado que dado el reducido número de empresas que pueden participar en estos costosos proyectos, existe el peligro de que haya una situación de falta de competencia y un exceso de poder de los pocos operadores existentes, lo que deriva en el peligro al que aludía la SESPAS.
Pero existen más puntos débiles. En estas fórmulas de privatización existe una dependencia absoluta de las empresas respecto a los ingresos de la Administración. Los sistemas de salud públicos son sus únicos clientes. Y si en las arcas públicas crecen las telarañas y se multiplican las deudas, las empresas concesionarias lo pagan en sus cuentas de resultados. Este es el escenario que ha llegado a la Comunidad Valenciana. Queda por saber si estas dificultades se trasladarán a los pacientes.
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No debe ser tan perfecta la gestión.
[edit]
Parece que en Navidad entre todos hemos abusado del caviar y se han agotado las existencias.
La profunda debilidad financiera por la que atraviesa la Generalitat valenciana está poniendo en aprietos el modelo de gestión privada de la sanidad pública en la autonomía que primero y más decididamente apostó por esta fórmula.
El Gobierno regional arrastra importantes deudas desde el año 2009 con las empresas que gestionan los cinco departamentos de salud privatizados (Alzira, Torrevieja, Dénia, Elche y Manises). El monto principal de los impagos, que asciende a 150 millones de euros, corresponde a pacientes atendidos de otros departamentos, que dependen directamente de la sanidad pública, por lo que corresponde a la Generalitat pagar estos tratamientos. Son liquidaciones acordadas y pendientes de pago desde 2009. Las cinco concesionarias, de las que depende la atención sanitaria pública de un millón de valencianos, se han cansado de esperar y exigen a la Generalitat que liquide cuanto antes lo que les debe.
Estas empresas —participadas por aseguradoras sanitarias y Ribera Salud— también reclaman que la Generalitat les modifique al alza la fórmula de actualización anual de la póliza (639 euros en 2012) que la Generalitat paga por cada habitante adscrito a cada concesionaria (entre 150.000 y 250.000 ciudadanos en función del departamento de salud). Esta es una reclamación que viene de largo. En lugar de usar como referencia el incremento del presupuesto en asistencia sanitaria de la Consejería de Sanidad, las empresas quieren que el aumento de la cápita se vincule al crecimiento del gasto real, que es superior.
Además, también plantean otras cuestiones, como que sea la Generalitat la que asuma los gastos financieros del confirming, un sistema de pago por el que, para paliar los retrasos del Gobierno valenciano, las entidades bancarias adelantan los abonos a las operadoras sanitarias a cambio de cobrar por esta operación. Las concesionarias consideran que no son ellas, sino la Generalitat quien ha de correr con estos gastos, que rondan, en total, un millón de euros al año.
Todo ello sucede mientras Castilla-La Mancha pretende extender este modelo privatizador valenciano a cuatro hospitales y Madrid aprobó ayer la ley que permite ceder a empresas la gestión de centros sanitarios públicos, lo que ha desatado una movilización sin precedentes contra la privatización de la sanidad.
No es ningún secreto que las cuentas de la Administración valenciana están al límite. La situación es especialmente delicada en la Consejería de Sanidad, que recientemente hizo frente a un cierre indefinido de farmacéuticos que reclamaban deudas por 450 millones. Una portavoz de este departamento prefiere no entrar en el detalle de la suma de los impagos. Pero admite que la deuda con las empresas existe y “es fruto de la situación financiera actual”. En breve, añade, está previsto que se celebre un encuentro con las cinco operadoras sanitarias “para analizar la situación e intentar llegar a algún acuerdo”.
Al menos una de las concesionarias, la que gestiona el departamento de salud y el hospital de Manises, ha llevado sus quejas más lejos de la mera protesta. Ya lo hizo cuando en julio y agosto no abonó a sus trabajadores el salario íntegro con la excusa de que la Generalitat se había retrasado en el pago. Ahora, en un documento que ha remitido recientemente a la Consejería de Sanidad, ha plasmado al detalle lo que considera incumplimientos de los compromisos asumidos por la Generalitat en el contrato de concesión. En total, la deuda que imputa a la Administración valenciana es de 75,9 millones de euros de los los ejercicios de 2009, 2010 y 2011.
Pero la operadora sanitaria —controlada por Sanitas—, va aún más lejos. En el mismo escrito plantea que o se solventan las deudas y se cumplen las condiciones del contrato, o se renegocien de nuevo. Y propone distintas alternativas como la prórroga dél servicio, la ampliación de la población cubierta (y por ello los ingresos de la Administración) o la incorporación de prestaciones excluidas de la concesión como la oxigenoterapia o las prótesis.
Aunque estas condiciones se parecen mucho a un rescate, Sanitas niega que esté solicitando una solución de este tipo a la Generalitat. La aseguradora sanitaria explica que la Ley de Contratos del Sector Público garantiza el mantenimiento del equilibrio financiero en este tipo de concesiones administrativas que afectan a servicios públicos. Y entiende que la Generalitat ha alterado unilateralmente y “de manera reiterada” las condiciones del contrato, lo que “legitima a esta concesionaria a ejercitar el derecho al reequilibrio económico del contrato concesional”.
Riesgos de un modelo
La gestión privada de los servicios públicos sanitarios presenta distintas debilidades. Una de ellas la puso de manifiesto recientamente la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Consiste en el riesgo de captura del regulador, un fenómeno que describe la excesiva influencia que pueden llegar a alcanzar las empresas adjudicatarias de los servicios sobre la Administración encargada de supervisar su funcionamiento.
A ello se han referido también expertos en procesos de privatización sanitarios, como la británica Sally Ruane, quien en alguna ocasión ha planteado que dado el reducido número de empresas que pueden participar en estos costosos proyectos, existe el peligro de que haya una situación de falta de competencia y un exceso de poder de los pocos operadores existentes, lo que deriva en el peligro al que aludía la SESPAS.
Pero existen más puntos débiles. En estas fórmulas de privatización existe una dependencia absoluta de las empresas respecto a los ingresos de la Administración. Los sistemas de salud públicos son sus únicos clientes. Y si en las arcas públicas crecen las telarañas y se multiplican las deudas, las empresas concesionarias lo pagan en sus cuentas de resultados. Este es el escenario que ha llegado a la Comunidad Valenciana. Queda por saber si estas dificultades se trasladarán a los pacientes.
Debes estar logueado para poder ver los enlaces.
No debe ser tan perfecta la gestión.
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Parece que en Navidad entre todos hemos abusado del caviar y se han agotado las existencias.
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a si? por favor, podrías mostrar ese estudio?
quote:
Originalmente escrito por rif12
Por suerte o por desgracia solo el tiempo quitara o dara la razon , yo lo unico que espero es que acierten porque por otro lado algun estudio dice que con la privada se pueden ahorrar hasta 500millones de euros.
No lo se , siempre estamos a espensas de que si algun dia gobierna el psoe lo vuelva a cambiar y si no lo cambia PELIGRO nos daremos cuenta que es otro foco de chorizos entonces significara algo , de el porque se cambió y porque el psoe no lo cambian..
Hasta entonce creo que no podemos hacer nada.
Sinceramente este pais no tiene arreglo
a si? por favor, podrías mostrar ese estudio?
Apresúrate; el que hoy no está dispuesto, menos lo estará mañana
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La sabiduria es poder
La pregunta no es que nos espera sino que debemos esperar porque la vida está para vivirla no para ignorarla.
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