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Santos G. Monroy.- La Mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados ha decidido no admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por un grupo de ciudadanos de la provincia de Ciudad Real por la que se insta a una proposición de Ley sobre “eliminación de prebendas de la clase política cesada”.
El acuerdo de la Mesa del Congreso, firmado por su vicepresidenta, Celia Villalobos, considera que no procede la admisión a trámite de la iniciativa “en la medida en que versa sobre materia cuya regulación el artículo 72 de la Constitución reserva a las propias Cámaras, en contra de lo dispuesto en los artículos 87.3 de la Constitución y 2 de la Ley Orgánica reguladora de la iniciativa legislativa popular”.
Según el artículo 72 de la Constitución Española, son las Cámaras las que establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales.
La iniciativa, promovida por cinco ciudadanos de la provincia de Ciudad Real con la ayuda y asesoramiento de otros residentes en distintos puntos de España, señala en sus motivaciones que “en el actual contexto de crisis y aplicación de políticas de austeridad en el gasto para la reducción del déficit del Estado y de las Comunidades Autónomas, todas las administraciones están recortando partidas presupuestarias que afectan a los principales pilares del Estado del Bienestar”.
“Privilegios incomprensibles” en tiempos de crisis
“Sin embargo –prosigue- se puede apreciar que los directivos y políticos con funciones en las diferentes administraciones y en los órganos representativos de decisión de la Nación, mantienen sus privilegios de forma indefinida, incluso una vez cesados, o reciben una indemnización que atenta contra los principios básicos de igualdad y entra en conflicto con las políticas de austeridad y contención del gasto”.
Los promotores consideran que el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex parlamentarios, aprobado por las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en su reunión del día 11 de julio de 2006, “concede unos privilegios a quienes han sido parlamentarios, al margen del cumplimiento óptimo de su función, que son incomprensibles en este contexto de crisis”.
Por tanto, señalan que “las Cortes deben legislar en favor del pueblo español, depositante de la soberanía de la Nación, y las normas citadas dejan fuera de su ámbito a más del 99% por ciento de la población, dándose el caso, en líneas generales, de que es la población menos necesitada de complementos económicos la más favorecida en estas situaciones”.
La proposición de Ley de esta iniciativa legislativa popular plantea la desaparición con carácter retroactivo de “cualquier tipo de consolidación retributiva asociada a la categoría, nivel o escalón que se derive del desempeño del puesto de alto cargo en cualquier Administración Pública”, así como la eliminación de indemnizaciones a los ministros y parlamentarios cesados.
Los impulsores de la propuesta, que han creado un blog (Debes estar logueado para poder ver los enlaces.) y la cuenta de Twitter @sinprebendas, están estudiando la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Congreso.
No es la primera vez que una proposición para adecuar los salarios y privilegios de la casta a la situación económica a los que esta misma casta nos ha abocado, choca frontalmente contra los parlamentarios del PPSOE CiU e IU.
¿Alguien en el subforo de política vota el aumento de su salario?
