El Tribunal Constitucional ha reconocido a la Generalitat su derecho a ejercer la titularidad de los documentos del Archivo que atañen al antiguo Reino de Valencia
I. B. / M. T. B. / N. V.
ALICANTE/MADRID. La decisión de los magistrados de la Audiencia Nacional de prolongar al menos hasta hoy su deliberación sobre el destino final de los «papeles de Salamanca» ha actuado de espoleta para que distintas Administraciones bajo el gobierno del PP se apresuren a sugerir la posibilidad de solicitar al Ejecutivo la cesión de legajos y piezas patrimoniales cuya propiedad llevan años reclamando. Animada por un fallo del Tribunal Constitucional, la Generalitat Valenciana, por ejemplo, ha «asumido» los argumentos con que el Gobierno pretende justificar el traslado a Cataluña de algunos de los documentos contenidos en el Archivo de la Guerra Civil para exigir su derecho a integrar en su sistema documental el Archivo de la Corona de Aragón, emplazado en Barcelona.
El fallo del TC ordena el levantamiento de la suspensión que el Consejo de Ministros impuso sobre la Ley valenciana de Archivos, que observa competencias sobre el Archivo de la Corona de Aragón pese a estar éste ubicado en Barcelona. Los jueces han considerado que la aplicación de esta Ley, que declara la titularidad del Gobierno autonómico sobre aquellos documentos que atañen al antiguo Reino de Valencia, no entorpece el ejercicio de la tutela estatal del Archivo.
La Dama de Elche, reclamada
Obtenido el respaldo judicial, los responsables políticos valencianos se plantean ahora ejercer algún tipo de acción dirigida a exigir el regreso desde Barcelona de una serie de documentos, entre ellos el Llibre de Repartiments, tenidos desde un punto de vista histórico como «exclusivos del Reino de Valencia». En idéntica línea, la diputada del PP por Valencia María Angels Ramón-Llin solicitó, mediante una pregunta parlamentaria presentada ayer en la Cámara, que el Gobierno diga si está dispuesto a autorizar la cesión del Llibre de Repartiments al Archivo del Reino de Valencia. También se interesó por saber «cuándo se constituirá el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón» garantizando la igualdad de condiciones entre las cuatro Comunidades Autónomas cuyos territorios integraron el Reino de Aragón.
Con ser uno de los más emblemáticos, el Llibre de Repartiments -un códice sustraído en Orihuela a principios de siglo XX y que el Instituto de Estudios Catalanes adquirió años después en una librería de lance de Barcelona- no es el único caso de reclamación que pretende activar la Generalitat Valenciana. Invocando la filosofía de «retorno al origen» manejada por el Ministerio de Cultura, el conseller de Cultura, Alejandro Font de Mora, estimó posible demandar al Gobierno que la cesión temporal de la Dama de Elche a la ciudad alicantina (desde el 18 de mayo al 1 de noviembre próximos) se torne definitiva. Asimismo, la Comisión viguesa por la Memoria del 36 pidió ayer, a través de un comunicado, la devolución de aquellos documentos pertenecientes al patrimonio histórico de los gallegos, relacionados con la Guerra Civil y con la lucha antifranquista, como parte del proceso de recuperación de la «memoria histórica» de ese periodo.
Mientras sucedían todas estas peticiones, la Sección Séptima de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional continuaba ayer las deliberaciones sobre la medida cautelar de paralización del traslado de los documentos que salieron del Archivo de Salamanca la semana pasada y que desde el viernes se encuentran en el Ministerio de Cultura. La Sala dispone de otros tres días para tomar una decisión, aunque fuentes jurídicas aseguran que los magistrados podrían resolver hoy mismo.
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