La Generalitat de Cataluña tiene problemas de tesorería para hacer frente a sus pagos comprometidos. El síntoma más evidente de esta situación son los retrasos constantes que tiene el departamento de Sanidad en el pago de las facturas a los centros hospitalarios concertados y cuyo importe asciende a unos 600 millones de euros.
De estos 600 millones, 440 corresponde al abono de facturas por prestación de servicios de hospitales concertados. Desde el pasado mes de abril, estas facturas han sufrido retrasos en los pagos. Además de las facturas, Sanidad también aporta otros 170 millones de euros mensuales en concepto de complementos salariales al personal sanitario.
En una reunión celebrada el pasado miércoles, la Generalitat también anunció el aplazamiento a 60 días de los pagos. Hasta ahora el abono se hacía con un plazo de 30 días. Esta medida puede generar un profundo malestar entre los profesionales del sector aunque los hospitales tienen la obligación legal de hacer frente al pago de las nóminas.
Desde abril
Las dificultades de financiación de la administración catalana se arrastran desde abril. En esas fechas y ante las dificultades que ya existían en los mercados financieros occidentales, el consejero de Economía catalán, Antoni Castells, emprendió una gira por Japón para tantear una emisión de bonos samurai (títulos emitidos en yenes por una entidad extranjera).
No se fijó una cantidad al tratarse ésta de una decisión inmediatamente anterior a la emisión. La operación, prevista para unas semanas después, no se ha llevado a cabo debido a que la agencia de calificación Fitch rebajó el nivel de la deuda catalana. Además, en aquellas fechas, la Unión Europea obligó al Gobierno español a aplicar un severo plan de ajuste para garantizar su solvencia.
En los tres primeros meses de 2010, Cataluña había conseguido colocar hasta 2.150 millones de euros en bonos. Lo hizo en las dos primeras operaciones de una serie que a lo largo de todo este año deberían alcanzar los 9.000 millones, cifra necesaria para hacer frente a las necesidades de tesorería. El precio pagado en las emisiones fue de entre el 4,95 y el 3,87%.
Tanteó a los bancos
Ante el cierre de los mercados y para hacer frente a sus pagos, la Generalitat sondeó a las principales entidades bancarias españolas. La intención era firmar un crédito sindicado de 1.000 millones. La mala acogida también ha paralizado esta operación. Según algunas fuentes sólo La Caixa y Caixa Catalunya estaban dispuestas a aportar una parte de ese préstamo.
Para hacer frente a los pagos más inmediatos, a principios de mes el departamento de Economía colocó pagarés por un importe de seis millones, en una subasta ordinaria cuya única adjudicataria fue La Caixa. Cuatro millones de euros se lanzaron a tres meses, con un tipo marginal del 1,41%; un millón de euros más a seis meses a 1,84%, y otro millón a 12 meses al 3,3%.
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