Un hombre se suicida frente a la casa de la ex ministra Teresa Fernández de la Vega
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El pasado sábado 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, un hombre se suicidó en el número 54 de la madrileña calle Hernani, justo enfrente de la casa de la ex ministra del PSOE y ex vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega. No hubo noticia, ni lamentos, ni nombres, ni apellidos, ni nota policial. Los suicidios, en España, se tapan para no avergonzar al Gobierno, a los diputados, a los políticos y a los banqueros. Pero al menos tres testigos presenciales han hecho llegar su denuncia a este “Espía en el Congreso”, estupefactos e indignados por la situación. Y es que las élites del régimen, conocidas popularmente como “la casta”, se han acostumbrado a ocultar la mayor parte de las noticias que aluden a sus vidas y haciendas y se muestran muy afectadas cuando se desvelan sus trapos sucios o sus cadáveres en el armario.
A los políticos de la partitocracia no les agrada que afloren las circunstancias más traumáticas de sus vidas privadas. Entonces ponen el grito en el cielo. Y tampoco les gusta que se aireen sus decisiones políticas, que llevan hasta el límite de su propia vida a los ciudadanos a los que además esquilman, persiguen, apalean o desahucian. Así fuerzan a lo que llaman “suicidio”, que las organizaciones civiles anti-desahucios llaman “asesinatos”, porque buscan identificar a los responsables políticos y administrativos que los provocaron para poder algún día juzgarlos. Pero los políticos ordenan que se cubran con un manto de silencio.
“La Estadística de suicidio se ha realizado ininterrumpidamente desde 1906 hasta 2006. Con periodicidad anual, ha recogido información tanto de los suicidios consumados como de las tentativas, estudiando el acto del suicidio con todas las circunstancias de tipo social que puedan tener interés”, reconoce el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero justamente cuando la crisis empezaba a golpear a España, el Gobierno de Zapatero silenció los datos: “Desde 2007, siguiendo los estándares internacionales en la materia, se ha adoptado la decisión de suprimir los boletines del suicidio, y obtener la información estadística relativa al suicidio a partir de la información que ofrece el boletín de defunción judicial que se utiliza para la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte”.
Edificio de la calle Hernani
Por eso se censuró el suicidio de la calle Hernani. “Fue terrible. Y el cadáver estuvo más de cuatro horas en la acera, cubierto con ese infame papel aluminio, sin que la policía lo retirase. Esperaban al forense, pero este nunca aparecía. Y muchos ciudadanos se quejaron por el espectáculo dantesco, un cadáver envuelto como papel de Navidad como si fuera un macabro regalo de estas tristes fiestas”.
Quien así se expresa es un testigo presencial del suicidio que tuvo lugar hace dos semanas. Un varón de mediana edad se arrojaba desde la ventana de su piso como en los peores días del “crack” del 29 en Estados Unidos. Y en España iban ya por 3158 personas suicidadas por la crisis hasta el mes de septiembre. Los servicios de prensa de la policía municipal de Madrid no informaron del óbito, tampoco los del Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil. Las instrucciones son tajantes: de los suicidios no se informa, no hay que alarmar a los ciudadanos. Un muerto anónimo más.
Pero el suicida no fue tan ignorado. Todo el vecindario se apercibió del drama, incluidos los clientes de la cafetería “Don Simón”, que oyeron el sórdido golpe del cuerpo contra la acera. Y entre ellos, una vecina un tanto especial: junto al bar vive la ex ministra y vicepresidenta con Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, que ya ha sido increpada varias veces por sus propios vecinos. Allí está ubicado el polémico piso que fue objeto de una sonora controversia en la prensa, porque el edificio fue expropiado en la época de Franco y su padre lo recibió como vivienda de protección oficial, aunque hoy vale casi 600.000 euros. El asunto se destapó cuando De la Vega corrigió a un mandatario centroamericano que, leyendo su biografía en un acto oficial, dijo para elogiarla que ella era hija de un alto cargo franquista. Y ella, muy ofendida, replicó que su padre no era franquista sino un represaliado del franquismo.
La prensa investigó, ella se defendió y de la lectura de las diferentes noticias se llega a la concusión de que en efecto, su padre era un funcionario republicano que fue represaliado pero posteriormente, como muchos millones de españoles que no pudieron o quisieron exiliarse, se integró en el régimen. Cuando cumplió su sanción, volvió a sus cargos con la firma del propio Franco y fue entonces cuando, pasados los años, recibió el piso de protección oficial.
Hoy Teresa Fernández de la Vega, como su padre antaño, se ha integrado aún más en el régimen en el que tantas responsabilidades adquirió. Con el furor del converso se ha hecho monárquica. Y también millonaria. A su bien remunerado cargo en el inútil y oneroso Consejo de Estado, cuyos fastos pagan todos los ciudadanos, le suma otro: presidenta de su propia Fundación (“Mujeres por Africa”) que recibe 1,5 millones de euros de grandes empresas españolas: Banco Santander (a través de la Fundación Botín), las constructoras FCC y OHL, Endesa, El Corte Inglés y Mapfre.
Todas estas grandes firmas pasaron por caja cuando se les indicó que era la propia reina Sofía quien avalaba la Fundación de Teresa Fernández de la Vega. Y junto a este cambio de vida vino también el cambio de cara: la ex ministra se hizo un lifting, se quitó las arrugas en una costosa y complicada operación de cirugía estética e hizo gala del apelativo con que los insidiosos periodistas le obsequiaban desde que ocupó la portada de una conocida revista: “Teresa Fernández de la Vogue”.
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Censura, encubrimiento, "operación de estética", colaboracionismo desde las politizadas instituciones,... Lo que sea para ocultar las funestas e irreparables consecuencias de la estafa político-financiera perpetrada en España por "La Casta" y sus afines.
