Fiscalía «olvida» voces discrepantes y vende una ficticia unanimidad en «caso Parot»

La Fiscalía «olvida» las voces discrepantes y vende una ficticia unanimidad en el «caso Parot».

Niega criterios políticos en su decisión y dice que si no cambia la ley «será difícil» que varíe el criterio del Ministerio Público.

Madrid- «Por unanimidad, entendimos que el único dictamen con arreglo a Derecho era el que se acordó». «Es unánime, todos los fiscales ratifican el contenido del mismo». Así lo aseguró ayer el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Luis Navajas, quien de esa forma intentó transmitir que todos los fiscales de ese tribunal respaldaban el informe en el que se acepta la acumulación de las condenas al etarra Henri Parot y que, de salir adelante esa tesis, permitirá que abandone la cárcel en 2009.

Sin embargo, según distintas fuentes consultadas por LA RAZÓN, en la reunión extraordinaria que había convocado el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de las dos secciones de lo Penal del Supremo, para abordar las repercusiones del citado informe, no existió esa unanimidad que se quiso transmitir. Pero, además, es que ni siquiera se produjo votación alguna, ya que sólo se pidieron opiniones de los asistentes. Todos, eso sí, defendieron la profesionalidad de la fiscal que realizó el dictamen sobre Parot.

En la citada reunión sólo intervino un pequeño número de fiscales, «cinco o seis», de la treintena que integran las dos secciones de lo Penal. De los que expresaron su opinión sobre la cuestión planteada, uno de ellos se mostró radicalmente en contra, tanto por razones de forma como de fondo, y otro esgrimió la posibilidad de avanzar en la línea jurisprudencial en este tema y en estudiar si los beneficios penitenciarios se pueden aplicar sobre la totalidad de la pena a los etarras a los que se les aplica el derogado Código Penal.

Así, el fiscal Manuel Marchena tomó la palabra para expresar su desacuerdo por el hecho de que se haya convocado esta junta porque informaciones periodísticas no hayan sido del agrado del fiscal general del Estado. Además, aludió a que el Estatuto del Ministerio Fiscal establece que se celebrarán esas juntas con carácter deliberativo para configurar la unidad de actuación del Ministerio Público, y, en ese supuesto, el criterio ya estaba adoptado.

Pero, y junto a ello, se refirió al «fondo» del asunto. En este punto, señaló que el Ministerio Público está «obligado» a servir de puente en la evolución jurisprudencial cuando la aplicación a un caso concreto «traicione valores constitucionales». Y concluyó dejando claro que, en todo caso, habría apoyado el criterio sostenido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, es decir, se hubiese opuesto a la acumulación de penas para el sanguinario Henri Parot.

Pero también se produjo otra intervención que no fue concordante con esa «unanimidad» de la que se quiso hacer gala. Fue la del fiscal Antonio del Moral, quien aludió a la posibilidad de buscar fórmulas, incluso en este caso, para avanzar en un cambio en la línea jurisprudencial. En su intervención, insistió en que lo fundamental es la jurisprudencia que se marque, y ahí la Fiscalía puede tener un papel muy activo.

Beneficios penitenciarios. Entre esas «fórmulas» que podrían plantearse en casos similares al de Parot, también abogó por estudiar la viabilidad de que se computen sobre la totalidad de las penas los beneficios penitenciarios que se concedan a los etarras que se rigen por el derogado Código Penal, y no sobre los 30 años, como se ha venido realizando, ya que en ese texto legal no existe ninguna disposición concreta sobre este aspecto.

El fiscal jefe de una de las dos secciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, explicó que sus compañeros han tenido en cuenta «la sensibilidad hacia las víctimas» y la de la propia sociedad «hacia esos crímenes tan execrables» cometidos por Henri Parot, pero insistió en que, con la ley en la mano, no había otra posibilidad que apoyar el recurso del terrorista. Navajas negó cualquier motivación política en la adopción de esa polémica decisión. «No hay más criterios políticos que los que algunos quieran inventarse», explicó. Además, añadió que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tuvo conocimiento del dictamen del 22 de diciembre del pasado año con posterioridad a esa fecha. Es decir, que no se le consultó con antelación. «Pasaron por nuestra cabeza -confesó- las imágenes tan terribles de los atentados terroristas, y entre ellos el de la querida compañera de la Audiencia Nacional (la fiscal Carmen Tagle, asesinada por ETA en octubre de 1989)». Pero «al margen de esos sentimientos», continuó, «buscamos alcanzar un acuerdo con arreglo a la legalidad». Navajas resaltó que la resolución se ha atenido a «criterios estrictos de la legalidad» y a la interpretación que de los mismos ha hecho el Supremo. «Desde el punto de vista de la legalidad, no se podía hacer otra cosa», insistió, «al margen de la valoración que nos merezca el recurrente». Posible causa pendiente. El teniente fiscal, Juan José Martín Casallo, respaldó las palabras de Navajas y se negó a hacer hipótesis sobre lo que ocurrirá cuando lleguen al Tribunal Supremo peticiones similares a la del etarra Parot. Eso sí, admitió que «si no cambia la ley, será difícil que cambie la interpretación de esa ley y el criterio de la Fiscalía». Tampoco quiso referirse Martín Casallo a la posibilidad de que la imputación de nuevos delitos impida (como sucedió con el etarra José Ignacio de Juana Chaos) que Parot salga en libertad (una carta escrita desde la cárcel animando a cometer asesinatos podría suponerle una nueva causa por integración en ETA). «No podemos hablar sin conocer la causa», dijo el teniente fiscal, para quien «es muy fácil opinar sin ningún rigor».

Extraído de:

Debes estar logueado para poder ver los enlaces.

Así que ni unanimidad, ni votación ni nada. Otra mentira socialista.