El candidato socialista a las elecciones europeas de junio Josep Borrell
En vísperas de las elecciones municipales, autonómicas y europeas de junio de 1999, el candidato a la Presidencia del Gobierno por el Partido Socialista, Josep Borrell, dimitió como consecuencia de las informaciones publicadas sobre la corrupción al más alto nivel en la Agencia Tributaria. Los principales implicados, Huguet y Aguiar, no sólo eran las personas de su máxima confianza cuando fue Secretario de Estado de Hacienda y desgajó del Ministerio la Agencia citada, sino que conocía sus inversiones inmobiliarias y financieras. Acosado desde el diario El Pais y por el propio aparato del partido, que nunca aceptó su victoria en las elecciones internas contra el Secretario General Joaquín Almunia, Borrell no hizo al dimitir un favor obligado al PSOE, como podría pensarse, sino que, según los observadores, lo dejó simplemente en la estacada.
En cualquier país europeo habría sido una catástrofe para el partido socialdemócrata, que suele basar su discurso político en la necesidad de pagar altos impuestos como mecanismo igualitario de redistribución de la renta, encontrarse con un candidato a la Presidencia cuyos amigos se dedicaban a cobrar gruesas sumas por inspecciones fiscales que cancelaban o diluían, cuando no inspeccionaban severamente a empresas competidoras de las que pagaban la mordida fiscal. Para mayor ejemplaridad pública, los cientos de millones así obtenidos por los amigos de candidato Borrell eran ingresados en Suiza, por supuesto sin comunicar al Fisco por ellos representado noticia de su existencia. Los inculpados Huguet y Aguiar sólo admitieron el fraude fiscal cometido, que legalmente ya había prescrito. Pero se supo que otros altos cargos de la Agencia también se dedicaban al atraco empresarial y a otras irregularidades en las inspecciones. Y que ellos mismos habían organizado un club de inversiones en Bolsa que aprovecharía la información privilegiada que podían obtener para lavar el dinero negro que cosechaban. Sí, en cualquier país de Europa Occidental hubiera sido catastrófico para cualquier partido socialista encontrarse con un candidato en semejante lío.
En España, no. Después de descubrirse infinitos casos de corrupción institucional durante la larguísima etapa de Gobierno socialista, del Banco de España a la Guardia Civil, de la Cruz Roja al Boletín Oficial del Estado, del Ministerio del Interior a la propia financiación del partido, el PSOE conserva a su líder Felipe González y al mismo grupo dirigente al frente de la organización, mantiene todo el apoyo mediático que tenía cuando estaba en el Gobierno y pese a la dimisión de Borrell ha consolidado y ampliado en las elecciones municipales, autonómicas y europeas, su anchísima base electoral.
¿Habrá que concluir que a los españoles les gusta pagar altísimos impuestos, se divierten cuando les roban y disfrutan votando a unos sujetos que después de predicar la necesidad absoluta de la voracidad fiscal se dedican a llevarse a Suiza en forma de comisión los millones que no cobran a las empresas en nombre de la Hacienda española? Un marciano diría que sí. En esta última citada campaña electoral, que ha coincidido con la campaña de la declaración de la renta, ni un solo partido político ha incluido la Agencia Tributaria en sus críticas. Como fueron los socialistas, en realidad el propio Borrell, quienes la crearon, su discreción es comprensible. Más difícil es entender el escrupuloso silencio del Partido Popular. Mientras en los periódicos se publicaba que dentro de la Agencia Tributaria "todo el mundo sabía" lo de Huguet y Aguiar y que sus sucesores y cómplices habían archivado varias denuncias de los propios subinspectores, el Gobierno decía que se trataba de "un caso de dos personas y de hace diez años" que no podía afectar a la credibilidad ni al buen nombre del Fisco. Y lo que ya resulta de psiquiatra es que ni siquiera Izquierda Unida, defensora de Fidel Castro, de Milosevic y de negociar con ETA, incluyera en sus proyectos de demolición del capitalismo español a la Agencia Tributaria. Tampoco los partidos nacionalistas de derecha, centro o izquierda. Nadie, ningún político dijo nada sobre la corrupción fiscal en toda la triple campaña electoral y hasta se dejó de nombrar a Borrell, seguramente para no tener que hablar de Hacienda. Fuerza es constatar que el fenómeno es raro. Convendría tratar de explicárnoslo.
Federico Jiménez Losantos
